Los protocolos de la vergüenza

Hoy vuelven a ser noticia los trágicos sucesos de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia bajo la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Como es de todos conocido, se enviaron unos protocolos para impedir derivar a los residentes enfermos, que no contaban con un seguro privado, a centros hospitalarios. Nunca entendí que se archivasen las denuncias formuladas por los familiares de las 7.291 personas que murieron en completo abandono. Ya me parece un comportamiento inhumano dar órdenes por escrito para privar de un tratamiento adecuado y dejar morir sin asistencia médica a los residentes enfermos, pero si ello no es suficiente para que un juzgado inicie una causa y dé carpetazo a las denuncias formuladas, bajo un punto de vista jurídico, los afectados eran personas contribuyentes que tenían todo el derecho a ser atendidos por la sanidad pública y no entiendo que se archivasen denuncias basadas en la reclamación de un legítimo derecho. Al cabo de cinco años, el juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha llamado a declarar a tres altos cargos del Ejecutivo de Díaz Ayuso después de la denuncia presentada por las plataformas “Marea de Residencias” y “7.291: Verdad y Justica”. La denuncia ha sido firmada por 109 familiares que han celebrado la decisión judicial que ha llamado a declarar como imputados a los autores que elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos de la vergüenza que impedían derivar a los residentes ancianos a centros hospitalarios. Los tres imputados son dos ex altos cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, involucrados en la confección de los protocolos, y el asesor Antonio Burgueño Carbonel, con el que se reunió la presidenta para marcar las directrices. Los hijos de los fallecidos han celebrado la decisión judicial que, hasta ahora, se había centrado en la actuación de directores o médicos de las residencias, pero nunca en los verdaderos responsables de la gestión que provocó el abandono y fallecimiento de los residentes. Escribiendo esta columna me llega la noticia de que ha sido suspendida la cita a petición de la defensa de los tres imputados, quienes han alegado indefensión porque no habían tenido acceso a las actuaciones. Se trata de la primera vez que las víctimas de esta tragedia han conseguido que un juzgado atienda su petición y, tratándose de un defecto de forma, es de suponer que se corrija el error y vuelvan a ser citados.