El Poniente, bajo amenaza: bandas criminales imponen su ley en Adra, Berja y El Ejido

El Poniente almeriense vive una escalada de violencia sin precedentes. Municipios como Adra, Berja y El Ejido han pasado en los últimos años de ser zonas de tránsito o logística secundaria del narcotráfico a convertirse en centros neurálgicos de la actividad de redes criminales especializadas en el contrabando de combustible para narcolanchas —conocido como petaqueo—, el tráfico de hachís y la inmigración irregular. La situación ha derivado en una cadena de episodios violentos que han puesto en jaque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y alimentan la preocupación social por el deterioro de la seguridad y la convivencia ciudadana.

De las garrafas a las armas: el nuevo rostro del crimen organizado

La estructura criminal del ‘petaqueo’, en teoría marginal y centrada en la venta ilícita de combustible, se ha transformado en una auténtica industria auxiliar del narcotráfico. Organizaciones como el conocido Clan de los Lateros, parcialmente desarticulado en mayo de 2024 durante la Operación Ovidio, han gestionado durante años la compra y acopio de gasolina en tierra firme, su transporte por caminos rurales hasta embarcaderos clandestinos y el posterior suministro a las planeadoras en alta mar.

Este modelo criminal, rentable y difícil de controlar por su dispersión logística, ha generado una economía sumergida que ha reclutado a familias y clanes locales, algunos con antecedentes penales por tenencia ilícita de armas o delitos contra la salud pública. Según fuentes policiales, la rentabilidad de este negocio —una garrafa de 25 litros puede multiplicar por cinco su valor en alta mar— ha convertido el Poniente en un territorio disputado por distintas redes.

Un reguero de sangre: asesinatos, incendios y represalias

Los últimos meses han confirmado el peor de los augurios: el incremento de la violencia como mecanismo de control territorial. El pasado 3 de junio de 2025, un joven de 23 años fue asesinado a tiros en plena calle Marte, en la barriada de Puente del Río, en Adra, tras una discusión vecinal que derivó en una reyerta entre miembros de los clanes rivales de Los Lateros y Los Saúles. El presunto autor, un hombre de entre 50 y 60 años, sigue en busca y captura.

Horas después del crimen, cuatro viviendas fueron incendiadas en la misma barriada, según confirmó la Guardia Civil, como represalia relacionada con el conflicto. Dos días más tarde, un coche ardía de madrugada en la calle Plutón, junto a la iglesia, sumando tensión a una comunidad ya conmocionada.

El patrón no es nuevo. El 2 de mayo, en Berja, Jonatan G.M. fue asesinado a tiros en el aparcamiento de una gasolinera a plena luz del día. Su hermano resultó herido en el mismo ataque. Dos miembros de un clan familiar fueron detenidos e ingresados en prisión. Según la investigación, podría tratarse de una venganza relacionada con otro tiroteo ocurrido en marzo en El Ejido, donde un joven mató a tiros a un menor de 17 años y luego se suicidó, en un caso que la policía vincula con un triángulo amoroso entre clanes rivales.

"Narcoterrorismo": la presión violenta contra los agentes

La Guardia Civil no solo investiga crímenes entre clanes, sino que también está siendo objeto de una campaña de intimidación por parte de estas redes. El 19 de febrero de 2025, un coche patrulla fue calcinado en La Alquería (Adra) tras caer en una emboscada. La AUGC lo calificó como un acto de narcoterrorismo, en represalia por recientes incautaciones de combustible.

Desde entonces, se han sucedido los episodios violentos contra los agentes: intentos de atropello con tractores durante registros, amenazas verbales a patrullas en controles rutinarios, emboscadas con piedras, e incluso intimidaciones a guardias civiles fuera de servicio. La situación ha llevado a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a reclamar la declaración de Zona de Especial Singularidad para el Poniente, un refuerzo estructural de personal y la tipificación del ‘petaqueo’ como delito, en lugar de su actual tratamiento como mera infracción administrativa.

Control tecnológico y operaciones sofisticadas

Las redes criminales han incorporado tecnología para vigilar a las fuerzas del orden. Según la información recabada en 2024 y 2025, se han desplegado drones, cámaras con tarjetas SIM instaladas en torretas eléctricas y una red de informadores locales que permiten seguir los movimientos de la Guardia Civil en tiempo real. Esta amenaza ha obligado al despliegue del equipo Pegaso, especializado en neutralización de drones, desde su base en el aeropuerto de Almería.

Mientras tanto, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil opera con una flota insuficiente y medios escasos, incapaz de hacer frente a planeadoras de última generación con motores de 300 CV importadas desde Marruecos, que alternan el transporte de droga y de inmigrantes, según confirman fuentes oficiales.

Respuesta institucional: refuerzos puntuales y promesas sin cumplir

Ante la gravedad de los hechos, el 4 de junio se celebró una Junta Local de Seguridad extraordinaria en Adra, presidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde Manuel Cortés. En ella se revisaron los dispositivos de seguridad y se reiteró el compromiso de reforzar la vigilancia, aunque desde el propio consistorio se ha pedido que dicho refuerzo no sea temporal, sino permanente.

Manuel Cortés, al igual que el alcalde de El Ejido, lleva meses reclamando más efectivos y medios materiales, denunciando que la situación recuerda a la vivida años atrás en el Campo de Gibraltar. “No podemos perder ni un minuto. Hay que actuar ya antes de que sea demasiado tarde”, alertó Cortés en declaraciones previas al subdelegado.

El Gobierno asegura haber incrementado los efectivos en la provincia —hasta 2.500 agentes entre Guardia Civil y Policía Nacional— y haber incorporado a Almería al Plan Especial del Campo de Gibraltar. Sin embargo, asociaciones de agentes y mandos intermedios insisten en que no se ha alcanzado aún la cifra óptima ni se han cumplido promesas como la nueva ley contra el ‘petaqueo’.