Tres centros y 215 puestos de la Guardia Civil continúan sin evaluación de riesgos laborales en Almería

El Gobierno central ha reconocido que en la provincia de Almería aún no se han completado las evaluaciones de riesgos laborales en tres centros de servicio de la Guardia Civil, además de 215 puestos de trabajo y una medida de emergencia, según una respuesta parlamentaria dirigida al Grupo Popular.

La información, consultada por Europa Press, forma parte de una contestación escrita remitida al Congreso, en la que se precisa que estas revisiones forman parte de los trabajos impulsados desde 2010 por órganos específicos del Instituto Armado para identificar posibles riesgos en el entorno laboral y establecer medidas preventivas.

En el caso concreto de la provincia de Almería, se han evaluado 37 centros de servicio, 862 puestos de servicio y 39 medidas de emergencia, si bien quedan pendientes los mencionados anteriormente. No obstante, el Gobierno no detalla en qué consisten ni dónde se ubican los centros y puestos aún pendientes de evaluación.

Estas evaluaciones, que se centran en las condiciones de seguridad y salud laboral, abarcan el "conjunto de riesgos" e incluyen su identificación, la valoración con "estimación de probabilidad y magnitud" y el control posterior mediante acciones y programas de actuación preventiva con "medidas priorizadas".

Más de 330 agresiones a agentes desde 2017

En paralelo, el Ejecutivo ha facilitado datos sobre las infracciones penales relacionadas con atentados contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos en la provincia de Almería.

Entre 2017 y 2024 se han contabilizado más de 330 delitos de este tipo, aunque el Gobierno de España ha precisado que el sistema estadístico no permite distinguir si las víctimas eran policías nacionales, guardias civiles u otros funcionarios. Solo en 2024 se registraron 96 delitos en la capital y 48 en Roquetas de Mar, las cifras más elevadas de la provincia.

La evolución muestra un aumento sostenido en algunos municipios. En Almería capital, los atentados contra la autoridad pasaron de 69 en 2019 a un máximo de 105 en 2021, para situarse en 96 el año pasado.

En Roquetas de Mar, las cifras se han mantenido por encima de la treintena desde 2017, con un pico de 54 casos tanto en 2020 como en 2022. En El Ejido, se pasó de 28 casos en 2019 a 46 en 2024, mientras que en Vícar los registros también han crecido: de tres en 2019 a doce en 2023.

En términos globales, la media anual en la capital ha sido de más de 89 atentados desde 2017, mientras que el municipio roquetero ha promediado cerca de 45 casos anuales.

La respuesta parlamentaria incluye también estadísticas sobre absentismo laboral en las fuerzas de seguridad. En el caso de la Policía Nacional, el índice de absentismo se ha mantenido estable en los últimos años, con una media de entre 14 y 19 días por funcionario desde 2017.

En el Guardia Civil, la duración media de las bajas ha oscilado entre los 20 y los 36 días anuales, con picos más altos en los primeros años de la pandemia. El Gobierno ha aclarado que desde marzo de 2020 y hasta agosto de 2023, todas las bajas por Covid-19 en este cuerpo fueron consideradas como producidas en acto de servicio.

En cuanto a las medidas de seguridad, el Ejecutivo ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elaborado distintos planes estratégicos y territoriales adaptados a las necesidades de cada demarcación.

En Almería, se han puesto en marcha dispositivos específicos que combinan unidades uniformadas y personal no uniformado para actuar en zonas de "mayor incidencia delictiva".

Además, el Gobierno central ha subrayado que "nunca ha habido tantos efectivos de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil" en España como en la actualidad, y ha destacado que desde 2019 se ha revertido la "sustancial merma" que existía durante los mandatos anteriores del PP.