Especulación e incertidumbre en Aguadulce: 53 familias, a punto de ser desahuciadas de sus casas

El de la vivienda es un asunto que trae de cabeza a miles de personas en la actualidad en España. Una de las materias troncales en la vida de la gente y que copa más de un airado debate día sí y día también en los distintos estratos de la sociedad. El quid de la cuestión, un derecho fundamental recogido en la Constitución que está siendo vulnerado en detrimento de jóvenes y familias, testigos directos de un contexto en el que los intereses de unos pocos prevalecen sobre los de la mayoría. Es lo que le está ocurriendo a 53 familias de la barriada roquetera de Aguadulce, que tras un arduo proceso se encuentran al borde de verse obligadas a dejar sus viviendas sin alternativa habitacional alguna y ante una incertidumbre que todo lo asola.

El edificio Vistaverde de la calle Catania fue levantado en los albores de la crisis inmobiliaria de 2008 por una constructura de la zona. La situación de recesión económica conllevó que el inmueble se quedara finalmente sin vender y con multitud de detalles sin culminar. Había viviendas a las que les faltaban grifos, sanitarios, puertas, cocinas, termos... dotaciones indispensables para la vida diaria de sus inquilinos que brillaban por su ausencia.

Ante esta compleja realidad, los apartamentos (de no más de 50 metros cuadrados) se comenzaron a distribuir en régimen de alquiler a través de una empresa distinta a la que inició (y no terminó de concluir) su construcción. Las viviendas fueron encontrando inquilinos con la condición de que la empresa no iba a hacerse cargo de solventar las deficiencias que tenían. Unas deficiencias que iban más allá de las propios apartamentos, pues a nivel comunitario no había ni siquiera ascensor. Todo ello implicó que el alquiler mensual fuera bastante asequible (entre 150 y 200 euros) y que los vecinos debieran asumir los costes y los trabajos que suponían dotar al residencial de los equipamientos de los cuales carecía.

De este modo, los inquilinos optan por ponerse en manos de una administradora de fincas y lo primero que hacen es organizarse de forma coordinada, creando una comunidad de vecinos. Tras formalizarla según los cauces legales, cada unidad familiar pasa a pagar 30 euros al mes para afrontar los gastos comunes del edificio, además de que cada uno debía subsanar las distintas carencias que tuviera su vivienda. Pese a las dificultades, todos los vecinos del edificio fueron pagando su alquiler religiosamente y solventando los distintos problemas que presentaban las casas.

La sorpresa llegó cuando uno de los residentes alertó de que el BOJA había publicado la salida a subasta del inmueble y que este había pasado a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Nadie les notificó nada a los inquilinos, hasta que al día siguiente reciben una carta de la empresa gestora desvinculándose de toda relación con el residencial y su comunidad. Una comunidad en la que todo era incertidumbre. "¿Qué hacemos ahora?", "¿a quién pagamos el alquiler?", eran preguntas sin resolver que abordaban a los vecinos.

Cuatro burofax e informes de vulnerabilidad

Javier Rodríguez Ortiz, presidente de la agrupación vecinal, puso el caso en manos de un abogado. Y es entonces cuando comienza un absoluto galimatías. La comunidad recibe un burofax de la SAREB en el que reivindica la propiedad del edificio y que existe una posibilidad para las personas que estén en riesgo de vulnerabilidad de conseguir un alquiler social, apoyado en un estudio de vulnerabilidad efectuado por los servicios sociales. Los vecinos remiten toda la documentación pertinente a la SAREB para iniciar este procedimiento y puedan cursarse los informes de vulnerabilidad que correspondan en cada caso.

Después de meses sin noticias, la comunidad de vecinos vuelve a recibir un burofax idéntico al primero. Pensando que ha debido ser un error, remiten de nuevo la misma documentación pero al cabo de unas semanas vuelve a suceder. "Algo tiene que estar pasando", pensaron los inquilinos. No obstante, completaron el mismo procedimiento tres veces. Hasta que reciben un nuevo burofax, en este caso, diferente: la notificación refleja que la SAREB se ha puesto en contacto con la comunidad de vecinos en repetidas ocasiones y que esta ha hecho caso omiso a sus requerimientos y que, por eso, procedía a iniciarse un proceso judicial contra ellos que acabaría con la orden de desahucio de las viviendas, prevista para ejecutarse el 5 de junio de 2025.

La comunidad vecinal descubre entonces que el edificio ha sido vendido a un fondo buitre y viene a confirmar algo que ya sospechaba desde un principio. "Estamos ante una operación especuladora. Quieren echarnos a la calle a 53 familias y quedarse con el edificio", afirma Rodríguez Ortiz en declaraciones a este periódico. "Sin abandonar la línea judicial, me di cuenta de que teníamos que pegar un grito y pedir ayuda porque la gente de la SAREB o del fondo buitre lo está haciendo todo de una forma muy soterrada, cuando la ley les dice que nos tienen que informar", abunda el presidente de la comunidad. "Si quieren vender el edificio, nos tienen que dar la oportunidad a los inquilinos de acceder a la compra o, en su caso, ofrecernos una solución adecuada", añade.

Entre tanta incertidumbre, los vecinos han logrado respirar aliviados pues esa fecha inicial del lanzamiento ha sido pospuesta. Ahora, Rodríguez Ortiz ha comenzado un camino que ha hecho escala en los medios de comunicaciones locales y en las distintas formaciones políticas. El caso ha llegado incluso al Congreso de los Diputados, a donde los vecinos acudirán el próximo miércoles para ser recibidos por los grupos Podemos y Sumar. Asimismo, ya se ha registrado una pregunta al Ejecutivo para que dé respuesta a este caso en sede parlamentaria. "El único que puede revertir esto es el Gobierno", sostiene el responsable de la comunidad de vecinos, al tiempo que lamenta que "siempre paguemos los mismos, los humildes, los trabajadores".

El horizonte se plantea ahora incierto para estas más de 50 familias, que no van a parar hasta lograr lo que consideran es de justica. "Hemos decidido pelear y presentar batalla a esta gente. Es muy posible que nos machaquen, porque son muy poderosos, pero no lo van a hacer en silencio", apostilla Javier Rodríguez.