El pacto verde y la competitividad

Nueva vuelta de tuerca en la guerra de los aranceles. El bilateral entre China y EEUU se reduce temporalmente al 10 y 30%, respectivamente, y nueva convulsión en el comercio internacional, lógicamente afectado por la alteración en los términos de la competencia global. Europa parece quedar al margen, pero solo en apariencia porque tanta inestabilidad golpea de lleno en nuestra ya estresada estructura de principios y valores, afectada por un grave problema de dependencia.

El extravagante antieuropeísmo de la primera presidencia de Trump puso en evidencia la farsa del Brexit y del populismo radical ascendente en Europa, pero la guerra de Ucrania también puso de manifiesto la fragilidad de un modelo complaciente con la dependencia exterior en cuestiones estratégicas, como la energía o la seguridad. Los informes Draghi y Letta trasladaron las advertencias al terreno de la competitividad y la Comisión constituida en 2019 no tardó en declarar tiempo muerto en lo que había sido su estandarte político: el Pacto Verde Europeo.

Europa decidió plantarse ante la crisis del clima con el ambicioso objetivo de reducir en un 55% la emisión de gases de efecto invernadero antes de 2030 y la descarbonización completa en 2050.

Los resultados se notaron el pasado año, cuando el 45% de la energía consumida tuvo su origen en renovables, reduciéndose al entorno del 30% la de origen fósil, pero el proceso no estaba siendo tan placentero como se esperaba, extendiéndose la convicción de que la nueva normativa podría estar perjudicando gravemente la ya maltrecha competitividad de la economía.

Los problemas eran evidentes en las dificultades de la industria alemana e italiana, en las finanzas públicas francesas o en las quejas de agricultores y ganaderos sobre el acuerdo de libre comercio con Mercosur. El pasado 26 de febrero la Comisión decidió revisar profundamente el contenido del Pacto Verde con el fin de reducir la burocracia y mejorar la competitividad. El regreso de Trump a la Casa Blanca debió pesar en la decisión, sobre todo por la incertidumbre transmitida en cuestiones relacionadas con la seguridad europea, que obligó a reconocer que una mayor autonomía en política de defensa exige ser más competitivos e innovadores, pero no ha debido ser la única razón.

Los intereses nacionales vuelven a imponerse y la dificultad de una estrategia común de tanto calibre refleja el golpe. Mientras que Alemania y Francia piden aplazamiento, ante las dificultades de sus empresas para afrontar el nuevo escenario de competencia global, España solicita que el objetivo de reducir un 25% la burocracia en este mismo año no se traduzca en recortes de los objetivos del Pacto. En una línea parecida están las empresas que han comenzado a posicionarse en torno a una prometedora nueva línea de negocio y otras que ya han realizado inversiones para adaptarse a la normativa. También el apagón en España ha debido influir, al menos para reabrir el debate sobre las nucleares, aunque seguramente todos admiten que no hay alternativa a las renovables y sus tecnologías relacionadas en el camino hacia la seguridad (independencia) energética en Europa.