El Supremo manda a prisión sin fianza a Cerdán

El Tribunal Supremo ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares habían pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza para Cerdán, tras su declaración en calidad de imputado ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que investiga el caso Koldo. El ex diputado socialista ha llegado al centro penitenciario en un furgón de la Guardia Civil poco antes de las 17:00. Allí tendrá que someterse a los trámites previstos en los ingresos antes de adjudicarle el módulo donde permanecerá en prisión preventiva.

El responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido el ingreso de Cerdán en prisión provisional, incondicional y sin fianza, al considerar que era "el jefe de la presunta organización criminal". Ha alegado que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que ha ampliado el catálogo de delitos por los que le señala, sumando a los de organización criminal y cohecho el delito fiscal para evitar la prescripción, han precisado las mismas fuentes.

Las acusaciones populares, cuya dirección letrada dirige el PP, también han pedido al instructor que ordene su ingreso en prisión.

Era la primera vez que el Ministerio Público solicita en este procedimiento en el Supremo la privación de libertad para uno de los investigados, algo que hasta la fecha no había hecho ni con el ex ministro Jose Luis Ábalos ni con su ex asesor Koldo García.

Para ellos reclamó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juzgado, que fue lo que luego posteriormente acordó el magistrado instructor.

En la vistilla, el fiscal ha sostenido que se valió de José Luis Ábalos y de Koldo García para penetrar en un Gobierno que en realidad le era ajeno y, concretamente, en el ministerio con mayor presupuesto, para actuar en su beneficio y el de otros a través de los presuntos amaños.

Niega el cobro de mordidas y pagos al PSOE

Cerdán, compareció durante una hora y media ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, ha guardado silencio ante las preguntas del juez y del fiscal y sólo ha respondido a su abogado, según explican las fuentes. El ex dirigente socialista ha negado cualquier implicación en la adjudicación ilegal de obra pública, ni el cobro de mordidas. Interrogado sobre si se pagó al PSOE con esa misma finalidad, también lo ha negado.

Ha detallado que, de García, sólo cobró 600 euros en 2017. De acuerdo con su versión, Koldo se los debía porque justo antes habían sido las primarias del PSOE y le había ido dejando dinero para gasolina y otros gastos similares.

Cerdán ha confirmado que se interesó por "muchas obras" pero lo ha justificado diciendo que era secretario territorial del PSOE y como tal su labor era conectar a los distintos territorios con el Ministerio de Transportes.

Respecto a las supuestas indicaciones para adjudicar también puestos en ese departamento gubernamental y otros, ha reconocido que facilitó nombres pero negando igualmente cualquier tipo de influencia. A muchos, ha precisado, ni siquiera los conocía pero eran gente afín al partido.

Asimismo, ha aludido a los audios grabados por Koldo entre 2019 y 2023, en los que se asienta el informe de la UCO y que reflejan conversaciones entre los tres. Cerdán los ha cuestionado, señalando que están descontextualizados. Y ha avanzado que presentará un informe pericial sobre los mismos.

Ninguna relación ni gestión con Servinabar

Otro eje de su declaración ha sido su relación con Servinabar y Noran Coop, señaladas por la UCO. Cerdán ha aclarado que no ha formado parte de ninguna, subrayando que tampoco tenía interés en ellas ni podía realizar gestión alguna para beneficiarlas porque el PSOE estuvo en la oposición en Navarra de 2015 a 2019.

El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso Egurrola figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están bajo la lupa del Supremo.

El ex diputado ha reconocido el contrato privado de compraventa por el que adquiririó por 6.000 euros unas 1.350 participaciones de Servinabar -el 45%-, una de las empresas vinculadas a la presunta trama, pero ha descartado que tenga validez porque no se llegó a elevar a escritura pública. Ni siquiera llegó a realizar el pago por esas participaciones sociales, ha sostenido.

Además, ha instado a tener en cuenta el contexto en el que se hizo esa firma, precisando que fue cuando una campaña electoral fracasó y él pensó en abandonar la política. Ha contado que así se lo dijo a Alonso y que éste le comentó que estaba montando una empresa de vending y seguridad, por lo que le ofreció ser socio. Por eso, firmaron el documento, ha dicho. Pero durante ese fin de semana, según ha añadido, lo habló con su mujer y ésta le dijo que no abandonase la política y que, si lo hacía, volviese a su anterior trabajo, por lo que Cerdán pidió a Antxón que se olvidase del documento firmado y lo rompiese.

Fuentes de la defensa de Cerdán ya cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".

Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros, al tiempo que ha advertido de que suelen buscar la ocultación del verdadero propietario.

El ex dirigente ha relatado que su relación con el empresario continuó en Madrid cuando se mudó para trabajar en el PSOE nacional, que se veían dos o tres veces a la semana y hablaban mucho de política, porque es lo que a los dos les gustaba.

Sobre esto, ha relatado que se enteró de que estaba buscando un piso en la capital y cogieron un apartamento que le encontró un compañero -ha rechazado que fuera Koldo- y lo pagaron juntos. Solo tenía una habitación y montaron una cama en el salón, ha descrito.

Avisa de que Bolaños será "el siguiente objetivo"

Con todo, ha sostenido que es inocente, atribuyendo su imputación a una supuesta cacería política por ser "el arquitecto" de los gobiernos progresistas que hay en España. En concreto, ha destacado su intervención para conseguir la investidura de Pedro Sánchez, por sus negociaciones con el PNV y Bildu, y para lograr la ley de amnistía, hablando también con Junts.

De su interlocución con PNV, ha resaltado que Sánchez dio instrucciones de que solo hablara él -"Con el PNV solo habla Santi", ha citado- y que para ello se valió de su amistad con el empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar -una de las empresas supuestamente vinculadas a la trama-, por su conocimiento y relación con el nacionalismo vasco.

Gracias a ello, ha aseverado, una semana después se presentó en el despacho de Sánchez para decirle que iba a ser presidente pero que el acuerdo debía mantenerse en secreto para que fuera el propio PNV quien explicara el apoyo a la moción de censura.

También ha dicho que pudo mantener la interlocución con Bildu por los contactos de Alonso, del que ha dicho que entre sus conocidos tenía el líder de la formación vasca, Arnaldo Otegi.

Con Junts, en cambio, ha contado que no tenía ningún trato preferente pero que Sánchez también le encomendó que hablara con ellos porque no podían dejar de hacerlo. Desde ese momento, ha relatado, se puso a trabajar con ello contactando con el líder de Junts, Jordi Turull. Con ellos acabó negociando la investidura y la ley de amnistía. De la misma forma, ha añadido, negoció con ERC.

No obstante, ha querido aclarar que no siempre fue el negociador principal del Gobierno. En un momento dado, ha especificado, también intervino el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, del que ha dicho que será "el siguiente objetivo" en esta supuesta persecución política.

Cerdán, de acuerdo con dichas fuentes, ha hecho una firme defensa del Gobierno de Sánchez, alabando los "grandes avances" que ha conseguido. Por ello, ha argumentado, se ha molestado a "los poderes" fácticos y se ha llegado hasta este punto.

El Informe Cerdán

La llegada de Cerdán al caso Koldo tuvo lugar a raíz del informe elaborado por la UCO en base a los audios grabados por Koldo, que reflejan conversaciones entre ellos y Ábalos, así como a partir de los mensajes de Whatsapp que se intercambiaron.

Según los agentes, la presunta trama nació en 2015 en Navarra -área de influencia de Cerdán y Koldo- con éstos como protagonistas y creció a medida que tanto ellos como posteriormente Ábalos fueron ganando relevancia política.

Los investigadores reflejan que el rol de Cerdán en estas supuestas corruptelas fue cambiando. Así, ante el ascenso de Ábalos y Koldo al Ministerio de Transportes, habría menguado quedando como un gestor de "pagos", mientras que tras la caída de éstos habría vuelto a tomar los mandos, según la UCO.

La Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.