El Gobierno exige a Andalucía blindar viviendas públicas contra la especulación

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lanzado este jueves una contundente crítica a la normativa andaluza que permite que las viviendas construidas con fondos públicos puedan acabar en manos de particulares o fondos de inversión tras un periodo de solo 15 años. Sus declaraciones llegan en vísperas de la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona, donde la vivienda será uno de los temas centrales.

Las manifestaciones de Rodríguez responden a las recientes declaraciones de la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP), quien el miércoles instó a Pedro Sánchez a modificar la Ley estatal de Vivienda, afirmando que "está agravando y dificultando el acceso" a la misma, en lugar de ofrecer soluciones efectivas a las comunidades autónomas.

"¿Cómo va a ser mala la Ley de Vivienda en Andalucía si no la están aplicando? Lo que es malo en Andalucía es que hoy estemos construyendo viviendas, también financiadas por el Gobierno de España, y que dentro de 15 años, que es lo que dice la normativa andaluza, pasen a manos de particulares o fondos de inversión", ha señalado la ministra durante una entrevista en TVE.

Plan de 4.000 millones condicionado a protección perpetua

El Ejecutivo central ha puesto sobre la mesa una propuesta que califica de "sentido común" para el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuya dotación pretende incrementar de 2.700 a 4.000 millones de euros. Sin embargo, este aumento estará condicionado a que las comunidades autónomas asuman un mayor compromiso financiero, pasando de aportar el 25% al 40% de los fondos, lo que supondría una contribución autonómica de al menos 2.700 millones.

El aspecto más controvertido de la propuesta gubernamental es la exigencia de que las autonomías blinden de manera indefinida la calificación de las viviendas de protección oficial (VPO) para poder acceder a estos recursos. Esta medida busca evitar la especulación inmobiliaria que se produce cuando estas viviendas, tras perder su calificación protegida, se venden en el mercado libre a precios muy superiores.

Llamamiento a la corresponsabilidad autonómica

"¿Quién no quiere incrementar la inversión en vivienda para ampliar ese parque público y asequible? ¿Quién no quiere que con el esfuerzo de todos, con lo que sale de nuestros bolsillos, se quede hoy y para siempre como infraestructura pública y no termine mañana descalificado o con la compra de un fondo buitre como puede ocurrir hoy a los 15 años?", ha planteado Rodríguez.

La ministra ha subrayado que la propuesta del Gobierno busca un acuerdo "de Gobierno a gobiernos", independientemente del color político de las autonomías. "Me sorprende que reiterativamente estén reivindicando su competencia en materia de vivienda y al tiempo digan que hagan otros", ha manifestado en referencia a los presidentes autonómicos del PP.

En su apelación final, Rodríguez ha advertido: "Si no cambian sus normas para blindar el parque público de viviendas, lo que sí les tengo que decir es que el dinero público no es del Gobierno, es de todos los españoles, y nosotros nos hemos comprometido con los españoles a que ni un euro ni un suelo público va a terminar en manos o en la venta privada".