La bronca política se traslada a la elección del Defensor del Pueblo

El acuerdo estaba casi cerrado entre Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, y Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz. El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ya había tenido una prórroga y el mandato que le había encomendado el Parlamento cumplía en septiembre de 2024. Había acuerdo en que debía ser una mujer y se habían barajado varios nombres. Pero llegó el cambio en la dirección socialista y las conversaciones se frenaron.

Hasta este lunes. Cuando el PP registró en el Parlamento andaluz su propuesta para la Defensoría del Pueblo y para la dirección de la Oficina Andaluza Antifraude, cuyo director, el magistrado Ricardo Puyol dimitió en 2024 dejando en su lugar a la subdirectora, Marta Blázquez, que es funcionaria.

Una propuesta que el PP ha registrado por sorpresa en la Cámara andaluza y que ha levantado una enorme polvareda política ya que inicia los plazos para la renovación de estos cargos que ejercen de contrapoder del Gobierno de la Junta. Todos los grupos parlamentarios, desde el PSOE hasta Adelante Andalucía pasando por Por Andalucía y Vox, han confirmado a este diario que no ha habido negociación previa. En contra de lo que suele suceder con estos nombramientos que dependen del Parlamento de Andalucía, lo habitual es que los responsables políticos traten de consensuar los nombres o, al menos, los perfiles para ocupar estos cargos institucionales. En esta ocasión, existieron conversaciones con el PSOE pero no ha habido ningún acuerdo previo. La versión de los populares es que, para tratar de desatascar estos nombramientos, han puesto encima de la mesa el nombre de sus candidatos.

Hay un dato importante a tener en cuenta. Según la legislación vigente, estos cargos necesitan el apoyo de tres quintas partes del Pleno del Parlamento, por lo que el PP, que tiene mayoría absoluta, necesita el apoyo de, al menos, otro grupo político, si bien la práctica hasta ahora ha sido buscar el apoyo del mayor número posible de diputados.

El PP ha propuesto para ser Defensora del Pueblo Andaluz a Rosario García Palacios, actual presidenta de Cruz Roja en Andalucía y una persona destacada en el tercer sector. Rosario García Palacios, nacida en Sevilla en 1966, es diplomada en Enfermería por la Universidad de Cádiz; máster en Innovación e Investigación de cuidados en Salud, y experta universitaria en Gestión de Cuidados por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Universidad de Granada.

Ha sido enfermera asistencial durante 17 años; profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Cádiz (siete años); docente de la Consejería de Salud (14 años), o docente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (cuatro años).

Para dirigir la Oficina Andaluza Antifraude, la apuesta del PP es la del magistrado Francisco de Paula Zamorano Sánchez, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba hasta hace dos semanas, cuando ha sido relevado del cargo que ha ocupado en los últimos diez años.

La portavoz del PSOE, María Márquez, ha enviado un escrito al Presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, pidiendo la suspensión del procedimiento de elección “para volver a la senda del consenso”, una petición que también ha realizado la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, quien ha trasladado su “estupor, malestar y absoluto rechazo” ante el “procedimiento unilateral” emprendido por el PP-A para renovar la Defensoría del Pueblo Andaluz y la Oficina Antifraude “al margen del diálogo entre los grupos parlamentarios”. Desde Vox confirmaban que se habían enterado de la propuesta para ambos cargos una vez que han conocido el escrito de los populares.