La UFP acusa a Amat de bloquear la llegada de la Policía Nacional a Roquetas
El sindicato critica que el alcalde exija entre 300 y 350 agentes para firmar un convenio con Interior, más del doble de los efectivos destinados en El Ejido
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La Unión Federal de Policía (UFP) ha acusado este lunes al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, de entorpecer la implantación de una comisaría de Policía Nacional en el municipio, tras sus declaraciones durante el último pleno municipal, celebrado el pasado 5 de junio.
En esa sesión, Amat afirmó públicamente que no firmará ningún acuerdo con el Ministerio del Interior si no se garantiza una dotación mínima de entre 300 y 350 policías nacionales. Según recogió literalmente:
“Me dijeron que viene la Policía Nacional, pero yo les dije que no firmaré nada con ustedes hasta que no me digan que mínimo tienen que venir 300 policías nacionales (...) Porque me han engañado tres veces. Esa es la realidad”.
Desde la UFP recuerdan que esa cifra es muy superior al catálogo de puestos actual de localidades similares, como El Ejido —donde ya existe una comisaría— o Lorca, que con cerca de 100.000 habitantes dispone de 169 funcionarios de Policía Nacional.
Para el sindicato, la actitud del regidor supone una nueva oportunidad perdida. “En los últimos 30 años se han producido dos negociaciones con el Gobierno de España sobre la necesidad de crear una comisaría en Roquetas, una con el PSOE y otra con el PP, y ambas acabaron en fracaso. Lo que tienen en común es el interlocutor: Gabriel Amat”, subrayan en su comunicado.
La UFP recuerda además que la creación de esta comisaría ya figura oficialmente publicada en el BOE, dentro de la estructura periférica de la Policía Nacional, y que se trata de “una clara declaración institucional de intenciones” por parte del actual Gobierno central.
“Señor Amat, querer es poder, y da la sensación de que usted no quiere una comisaría de Policía Nacional”, concluye el sindicato, que considera urgente avanzar hacia un modelo policial coordinado entre la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana de un municipio con elevada población y diversidad.
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