Ganan los usuarios: la Junta permitirá la atención sin cita previa en sus oficinas de Almería
El Defensor del Pueblo da por cerrada la queja tras aceptar el Gobierno andaluz sus recomendaciones para evitar restricciones indebidas al acceso presencial
Maeztu insta a regular la cita previa para garantizar la atención presencial en la Junta en Almería

La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería ha confirmado que permitirá la atención presencial sin necesidad de cita previa, una medida que responde directamente a las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, tras investigar el caso de una persona mayor que fue rechazada en el acceso a estas oficinas por no contar con cita reservada. El conflicto, que fue adelantado por Diario de Almería el pasado 26 de mayo, se resuelve ahora de forma satisfactoria para los usuarios con una respuesta clara y correctiva por parte de la Administración autonómica.
La intervención del Defensor tuvo su origen en una queja registrada a finales de 2024, cuando una mujer denunció que no se le permitió ni siquiera entrar en el edificio para entregar una solicitud del carnet para mayores de 65 años. Según relató, el vigilante de seguridad le impidió el paso sin ofrecerle más opciones que un papel con un número de teléfono, sin preguntarle siquiera por el motivo de su visita ni facilitarle una hoja de reclamaciones. La resolución del Defensor, emitida tras varias actuaciones y comunicaciones con la Delegación Territorial, calificó esta actuación como “injusta” y recordó que la cita previa debe ser una vía preferente, pero no excluyente, para el acceso a las oficinas públicas.
En su recomendación, Maeztu instó a la Junta de Andalucía a adoptar medidas que garanticen una opción real de atención sin cita previa durante todo el horario de apertura al público, aunque ello implique esperas o la necesidad de volver otro día. También pidió que se limite el margen de actuación del personal de seguridad a sus funciones específicas de vigilancia y protección, evitando que se conviertan en una barrera de acceso a servicios esenciales.
La respuesta de la Junta no se ha hecho esperar. La Delegación Territorial ha comunicado formalmente al Defensor la aceptación y puesta en práctica de todas sus recomendaciones, anunciando varias medidas orientadas a facilitar el acceso a la ciudadanía. Desde ahora, el personal de vigilancia permitirá el acceso al edificio a todas las personas que acudan, sin necesidad de cita, siendo estas recepcionadas por personal administrativo que valorará el motivo de su presencia y orientará su atención. Además, se ha habilitado un nuevo mostrador de información general a la entrada de las dependencias, atendido por un empleado público, desde el que se facilitará información sobre procedimientos, formularios y ubicación de servicios.
A pesar de que la atención sin cita no será siempre inmediata, la Delegación garantiza que quienes acudan sin haber reservado previamente serán atendidos en cuanto haya disponibilidad, ya sea por la finalización de una cita anterior o por la incomparecencia de personas con cita previa. En definitiva, se trata de un modelo de atención más inclusivo, que reconoce el derecho de la ciudadanía a acceder a los servicios públicos sin barreras administrativas innecesarias.
Con esta actuación, la Junta corrige una situación que, a juicio del Defensor, suponía una vulneración del derecho de acceso a la Administración, y cierra un expediente que pone de relieve la necesidad de combinar la eficiencia organizativa con la garantía de derechos, especialmente cuando se trata de colectivos vulnerables, como las personas mayores o con dificultades para manejar herramientas digitales. Jesús Maeztu ya abordó en 2023 esta problemática en una queja de oficio, cuya resolución fue asumida en términos generales por la Junta, aunque ahora ha tenido que intervenir de nuevo ante un caso concreto en Almería que evidencia que aún existen prácticas excluyentes.
El cierre de esta queja, registrado formalmente el pasado 12 de junio, supone no solo una reparación para la persona afectada, sino un precedente importante en defensa de una Administración más accesible, cercana y sensible a las necesidades reales de la ciudadanía.
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