Engañaba con falsas adopciones y los animales morían: prisión para una mujer por estafa y maltrato

Fingía proteger a los animales, pero los entregaba enfermos, sin vacunar, sin chip y, en muchos casos, morían al poco tiempo. Algunos ni siquiera llegaban a sus supuestos adoptantes. Otros eran recogidos por particulares que acababan en la clínica veterinaria y, a veces, con el animal muerto en brazos. La historia ha terminado en prisión. El Juzgado de Instrucción número 5 de Roquetas de Mar ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de una mujer a la que se investiga por delitos de estafa agravada, maltrato animal continuado y falsedad documental, en el marco de un caso que ha generado alarma social por su impacto emocional y la extensión nacional del fraude.

La detenida, vecina de Aguadulce, habría montado una red de falsas adopciones de animales simulando ser responsable de varias protectoras y asociaciones, que publicitaba en redes sociales como Facebook. En realidad, no existía ninguna entidad legal ni protocolo de control. Cobraba entre 250 y 270 euros por cachorro –supuestamente por gastos veterinarios y vacunas–, pero lo que entregaba en muchas ocasiones eran animales deshidratados, con parásitos, o infectados de enfermedades como el parvovirus. Al menos nueve de ellos murieron tras la entrega. En otros casos, los adoptantes nunca llegaron a recibir animal alguno.

Una red que burlaba la ley con móviles prestados y nombres falsos

La Guardia Civil, a través del Seprona, abrió la investigación bajo el nombre de operación ‘Cobaka’, gracias a las alertas de ciudadanos que habían sido víctimas del fraude. Los agentes llegaron a contactar con 25 denunciantes directos, pero la cifra estimada de afectados podría superar el centenar en todo el país, según los atestados.

La acusada usaba identidades falsas, como el nombre de “Tatiana”, y contrataba viajes por plataformas como Blablacar para enviar animales a lugares como Murcia, Elche, Madrid o Valladolid. Además, pedía a conocidos o familiares que recibieran pagos por Bizum en sus teléfonos móviles, alegando que no podía usar el suyo, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.

El juez destaca que todo el sistema se articulaba en torno a una idea central: “una fachada de altruismo animalista para una actividad puramente lucrativa”. Los ingresos, solo en 2024, podrían haber superado los 25.000 euros, sin contar los daños físicos, económicos y emocionales causados a los adoptantes y a los propios animales.

El piso del horror: “lleno de mierda y con un olor insoportable”

Uno de los puntos clave de la investigación fue el domicilio de la acusada, en un bloque de Aguadulce, al que acudieron los bomberos en agosto de 2024 tras una alerta vecinal. El informe del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios del Poniente es contundente:

“Observamos que la casa está llena de perros y gatos en unas condiciones super malas e insalubres. Al menos hay siete perros y entre ocho y diez gatos. Todo el piso estaba lleno de mierda y de desechos. Era insoportable estar dentro por el olor”.

Los animales vivían sin control veterinario ni higiene, lo que facilitaba la aparición de enfermedades transmisibles. Algunos presentaban deshidratación, diarrea con sangre, infecciones respiratorias y lesiones cutáneas. El auto judicial recoge que, pese a que la acusada se presentaba como amante de los animales, no buscaba ayudarlos, sino usarlos como herramienta de negocio.

Segunda detención tras saltarse la orden judicial

Tras su primera detención en enero de 2025, la justicia le prohibió cualquier actividad relacionada con animales. Pero la medida fue quebrantada reiteradamente. A pesar de estar siendo investigada, continuó operando con total impunidad, cambiando de nombre, usando terceros para el cobro, y enviando animales sin documentación.

El juez considera que la prisión es la única medida posible para detener su actividad:

“Ha demostrado que las órdenes judiciales no suponen para ella más que pronunciamientos vacíos, sin implicación personal ni atadura. Solo una medida coercitiva puede detenerla”.

Además, subraya la “obscena falta de respeto a las normas” y una actitud de “absoluto descaro” frente a las víctimas, los animales y la propia administración de Justicia.

Un caso que sacude conciencias

La resolución no es firme, pero marca un hito en la lucha contra el uso fraudulento de las adopciones de animales a través de internet. Asociaciones de protección animal consultadas por Diario de Almería valoran la decisión judicial como “valiente y necesaria”, pero advierten de que este tipo de fraudes siguen proliferando en redes sociales sin apenas control.

La protectora SOS Adopta, en Pechina, se ha hecho cargo de algunos de los animales rescatados durante la operación. Desde allí, aseguran que la situación les recuerda que el bienestar animal no solo es cuestión de cuidado, sino también de vigilancia y denuncia. Porque detrás de cada historia falsa de adopción, puede haber una tragedia real. Y muchas veces, silenciosa.